El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, obliga al gobierno autónomo a retirar la plataforma digital para las escuelas públicas

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha suspendido la creación de una plataforma digital de libros de texto promovida por la Generalitat, para hacer la selección de libro y adquirir licencias para todos los alumnos de las escuelas públicas catalanas.

La Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE), demandó en 2010 a la Consellería de Educación por interpretar que la nueva herramienta puesta en marcha en el proyecto “eduCAT1x1”, “ incidía gravemente en el mercado de libros de texto” y porque además, según confirma la sentencia, no tiene cobertura normativa.

La Asociación critica a la Administración, porque fija los precios de los libros, que constan en “las listas de compra” sin que hayan sido fijados por las librerías, y sin que la plataforma, muestre todos los libros digitales existentes en el mercado, lo que restringe la posibilidad de elección por los centros de enseñanza y los profesores, y afecta a la libertad de cátedra.

ANELE afirma que ninguna normativa justifica la necesidad de creación de esta plataforma, ni su interés público, y al permitir que sólo los libros de texto digitales se adquieran a través de la plataforma, supone “una clara monopolización del mercado”, , también "constituye una limitación al libre acceso de cualquier librería a la plataforma" porque los libros que aparecen los decide la Generalitat y que obliga, a su juicio, a las librerías a suscribirlos.

Por su parte, la Generalitat alega el “legítimo ejercicio de sus competencias y potestades” y que se ha seguido un procedimiento específico en el marco de la creación de dicha herramienta, para transformar en aulas digitales las clases ordinarias, la dotación de portátiles y el impulso de las ayudas y actividades correspondientes.   

También, sostiene que se ha creado como "instrumento para dar a conocer los libros de texto y otros materiales didácticos que estén en soporte digital para ser utilizados en las aulas" para impulsar la digitalización asegurando la presencia de diferentes editoriales y la libre elección por parte de los centros y editores.

   La Generalitat responde a la asociación que "no es cierto" que fije el precio de cada libro ni que las compras de material sólo se puedan realizar en las liberarías adheridas a la plataforma, puesto que también pueden hacerse las adquisiciones directamente en las webs de los establecimientos.

   Tras analizar todos los argumentos, la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC ha fallado que la actuación "no viene amparada por la actividad administrativa en forma legal por un procedimiento administrativo legitimador".

Fuente: La vanguardia