Méjico se suma a las reticencias para ratificar el ACTA

 

Méjico se suma a varios países europeos  en sus reticencias para ratificar el tratado de Acuerdo Comercial Anti Falsificación (ACTA según sus siglas en inglés).

 

Francisco Castellón senador del Partido Revolucionario Democrático de Méjico ha pedido al Gobierno que dé órdenes a las secretarías y dependencias involucradas en las negociaciones del tratado, para que no se firme este convenio.

 

 

En Méjico se formó una comisión de seguimiento del proceso de las negociaciones, llamada grupo plural, el 6 de septiembre de 2011, el Senado aprobó las conclusiones emitidas por esta comisión, en las que recomendaba no suscribir el ACTA, por contener disposiciones contrarias a la legislación mejicana.

 

El senador indicó que de igual manera, el órgano legislativo resolvió que en el proceso de negociación el Ejecutivo federal violó la Ley Sobre Aprobación de Tratados en Materia Económica, ya que no informó al Senado del mismo. además, pidió a la Cámara alta que se comunique a los países negociantes del ACTA las conclusiones de dicho grupo de trabajo.

 

El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores aseguró que en el ACTA existen ambigüedades en algunas de sus disposiciones, por lo que su implementación podría traducirse en una limitación a la universalización del acceso a Internet en México.

 

Ello, “ampliaría la brecha digital y disminuiría la posibilidad de insertarnos en la llamada sociedad de la información y del conocimiento, pues se podría caer en la tentación de hurgar los contenidos de la red, restringiendo la libertad de funcionamiento y neutralidad de la misma”, indicó.

 

Francisco Castellón advirtió que “no podemos permitir que se criminalice la transmisión de documentos, fragmentos de libros o canciones a través de Internet, pues se estarían violando los derechos fundamentales de millones de mexicanos”.

 

La propuesta del senador por el estado de Nayarit fue turnada a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del Senado, para su análisis y dictaminación.

 

Muy felices se la prometían los promotores del acuerdo, pero parece que las cosas no les están saliendo como querían, lo que habrá que preguntarse ahora, es que presiones llevarán a cabo ante los gobiernos para defender sus intereses económicos el lobby de Hollywood, y de las grandes marcas multinacionales de EE.UU. y Japón.

 

Y es que una cosa es la lucha contra la piratería que puede ser legítima, y otra cosa es invadir la esfera personal de los ciudadanos, si para que se registre la morada de un ciudadano o se le intervengan sus comunicaciones, es necesaria la orden de un juez, lo mismo debe pasar con sus comunicaciones privadas por internet o con los actos que realice con su ordenador en la intimidad de su hogar. Son los jueces y no los funcionarios, ni comisiones de la administración, los que deben ordenar el control de las comunicaciones, o bien obligar a que los proveedores revelen la identidad de sus clientes, o establezcan filtros y controles sobre los internautas, esto es claramente exorbitante supera las potestades del poder ejecutivo, de los gobiernos que dirigen los aparatos de la administración del estado, este poder debe tener un contrapeso, Robespierre seguramente se está removiendo en su tumba.

 

Fuente: La Crónica de Hoy


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