El Gobierno ha cedido a la presión internacional y de los Editores para endurecer las medidas contra la piratería en internet.

Este optimismo se basa en la futura plataforma formada por Random House Mondadori, Planeta y Santillana para ofrecer libros digitalizados o el proyecto 'Enclave' que ofrecerá 1350 libros, pendientes de derecho, procedentes de 87 editoriales, que se han suscrito a esta iniciativa. Badenes espera que se sumen también cuatro nuevas editoriales a la plataforma formada por los tres grande grupos editoriales en España y asegura que su vocación es digitalizar los libros y ofrecer una "digitalización de alta calidad". Mientras que respecto al proyecto 'Enclave', Ávila indicó que en cuanto esté listo "seremos el país de Europa con más contenidos digitales", aunque reconoció han tenido "graves problemas jurídicos" con este proyecto y todavía quedan preguntas todavía "sin respuesta" como la futura facturación de estos productos o cómo van a comercializarse y también problemas respecto a la propiedad intelectual.

  Por otra parte, Badenes advirtió que la industria editorial americana está "herida" y la distribución del libro físico "tocada de muerte" y resaltó los graves problemas económicos que tienen las grandes librerías americanas por la disminución del precio del libro, en parte por la irrupción en el mercado de Amazon. Para evitar este problema, los editores aseguran que en España se está priorizando la venta de libros electrónicos a través de la librerías tradicionales y señaló que Google ha dado un "paso adelante importante en este sentido y ha dejado de lado a Amazon". ¿Que está ocurriendo? Según decíamos el día 19-11al presidente Zapatero, le sacaron los colores por todo el mundo con el tema de la piratería en España, en concreto se nombraba una entrevista con el presidente Obama de EE.UU. que fue una de las comidillas de los pasillos en la Feria Digital del Libro. Y nuestro gobierno bien disciplinadito, y queriendo lavar nuestra imagen y que se nos vea como buenos chicos por ahí fuera, pues ya veis que no se le ha ocurrido otra cosa que tirar por la calle de enmedio y sacar la espada de cortar cabezas, y está dispuesto a secuestrar al poder judicial una de las competencias que ejerce en todos los países civilizados, como es investigar el tráfico de las personas en internet y llegar a cortar el servicio si se prueba que se está cometiendo un delito.

Nos pasamos o no llegamos, siguiendo nuestra secular tradición, ahora somos más papistas que el Papa. Antes de esta polémica ya advertíamos el 26-11 que la comisaria europea para la Sociedad de la Información y de los medios, Viviane Reding había declarado: "Las medidas españolas que podrían permitir un procedimiento para cortar internet sin un proceso judicial previo van a entrar en conflicto con la ley europea", días después, el 1 de diciembre saltó la noticia a los medios, sin que pudiéramos ver en principio, el alcance de ese anteproyecto, que posteriormente se demostró le daba la potestad sancionadora a un organismo de nueva creación del Ministerio de Cultura. Parece que el Gobierno ha querido satisfacer a todos con esta medida, pero lo que ha conseguido por el momento es contentar a las grandes empresas editoriales, al presidente Obama y a la SGAE, a costa de irritar a nuestros vecinos europeos y al usuario de internet que ha respondido con una virulencia inesperada, que también ha sido aprovechada por la oposición para aparecer como adalides de la libertad en la red.

El mismo presidente Zapatero se ha apresurado a manifestar en los medios que no cerrará ninguna web ni tampoco ningún blog, cuestión que es un eufemismo porque si cierra la empresa que provee el servicio de esa página o de ese blog, en realidad está cerrando esos sitios de internet

Barack Obama Presidente de Estados Unidos	José Luis Rodríguez Zapatero Presidente de España	Viviane Reding            Comisaria europea para la Sociedad de la Información y de los medios,

Todavía no hemos podido realizar un estudio a fondo del texto de la Ley, no obstante hay una cuestión que desde un punto de vista jurídico no deja de ser llamativa, si la sanción la impone la administración del estado, el órgano que sancione está obligado por Ley a indicar en la resolución ante que instancia se puede apelar y que plazo hay para hacerlo, y si esta apelación no prospera, el perjudicado podrá dirigirse a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, con lo que será finalmente un Juez el que decida sobre el cierre, suspensión, corte o como quiera que se le quiera llamar, del servicio de internet. ¿Quien pagará las costas judiciales de todo este farragoso y largo procedimiento? .

 Por otra parte se da la paradoja de que a partir de la aprobación de esta Ley, un pederasta que exhibe pornografía infantil en la red, tendrá derecho a reclamar que sea el Juez el que decrete el cierre de la web con material delictivo, y nadie más, sin embargo alguien que intercambie una película por internet por ejemplo, no tendrá este derecho, primero será el funcionario del Ministerio el que le corte el servicio y luego después de un largo, complicado y costoso proceso, podrá llegar al Juez que resuelva sobre la legalidad de esta medida, muy curioso. Es como si la policía detuviese a un ladrón y lo primero que hiciera es meter al delincuente en la cárcel, sin presentarlo al Juez, ni darle cuenta del proceso iniciado, y que luego fuera el reo desde la cárcel el que tuviera que pedirle al Juez que le juzgara para dilucidar si es culpable o no, porque si no lo solicita, permanecerá retenido el tiempo que haya dispuesto la policía.

No se puede ser Juez y parte, el órgano que instruye la sanción, no puede juzgar, este es un principio elemental del derecho, que parece que se les ha olvidado a nuestros gobernantes y que ya se ha encargado Europa y los usuarios de internet de recordárselo. Seguiremos observando como se desarrollan los acontecimientos.